Hace ya unos años vi que el gobierno argentino mandó un proyecto de ley para modificar la Ley de Ejecución. ¿El motivo? Cumplir con un caso del sistema interamericano. Obvio, no pudo y salió condena. ¿Lo vemos?
Hace un tiempo que escribí sobre el caso “Mitre” que trataba el temita del retiro voluntario de abogados en el Poder Judicial y su ejercicio profesional. En el caso “Fagalde” se confirma lo lógico: la solución positivista es clarísima.
Sale otro comentario a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán del 22/09/25 que, a mi modo de ver, podría haber sido un mail (con imposición de costas).
Rompo la regla de las novedades sabatinas para compartir este comentario al fallo «Álvarez, Lucas Eduardo y Telechea, Ayelén Daiana» del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires que me publicaron hace poco en la Revista de la Asociación de Pensamiento Penal.
El comentario a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán del 30/12/25 sobre este tema, que siempre toco, es la excusa para esta entrada. Prometo ser concreto e ir al hueso. Juzguen si lo cumplo.
Agustín Eugenio Acuña 