Hace ya unos años vi que el gobierno argentino mandó un proyecto de ley para modificar la Ley de Ejecución. ¿El motivo? Cumplir con un caso del sistema interamericano. Obvio, no pudo y salió condena. ¿Lo vemos?
Guillermo Patricio Lynn a los 30 años fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado con alevosía. En 1991 lo trasladaron a una prisión en Chaco.
Empieza a avanzar en la ejecución de la pena. En 1998 y 1999 consigue salidas transitorias. Con conducta ejemplar y buen concepto, era un interno modelo. Empieza a estudiar abogacía en marzo de 2000.
Ese mismo mesa pasa algo funesto: al volver de una salida transitoria, el Servicio Penitenciario dice “usted está borracho, incurrió en una falta” y lo aísla por 24 horas.
Obviamente, salió sumario administrativo con fritas sin defensa, sin tiempo, sin nada, digamos, de lo que debería haber en un procedimiento así. Lynn dice “yo no estaba ebrio, apelo”. Olvidáte, sanción para él: cinco días sin salir de la celda.
Pero eso no fue lo más duro. Como en el Juego de la Oca, lo volvieron atrás en el progreso del cumplimiento de su pena y obvio, perdió sus salidas transitorias. ¿El colmo? El juez autorizó su traslado a otra prisión.
La defensa pública recurrió todo en sede judicial, sin éxito alguno. En junio de 2000 Lynn pasó a Río Negro. En 2002 obtuvo salidas transitorias. En 2003 su libertad condicional y en 2007, falleció, antes de gozarla.
En híper mega resumen, la Corte IDH no condenó a cambiar la norma de ejecución, sino a interpretarla y aplicarla de acuerdo a la garantía de los derechos que reconoce la Convención Americana. O sea, la norma ok, los aplicadores, aplazados.
Seguramente el personal del Servicio Penitenciario no se imaginaba que esa simple sanción a Lynn por supuestamente llegar borracho daría lugar a un caso ante la Corte IDH que terminaría en sanción 25 años después (sí, no es joda).
La sentencia, extensa, como nos tiene acostumbrados la Corte IDH, se las dejo acá.
Sí, esto fue un hilo el 12/07/26.
Agustín Eugenio Acuña 