Oasis informativos tucumanos

Tucumán, una de las pocas provincias sin ley de acceso a la información pública, a simple vista dista de ser un oasis en la materia. ¿Es así en todas las instituciones? ¿No hay excepciones? Aquí, un recorrido que pretende ser (un poco) esperanzador.

Esta es la versión escrita de mi participación en un panel en el II Encuentro de Empresarios del Norte Argentino, organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) el año pasado. En teoría, estas palabras se nutren de las observaciones recibidas, pero además suman dos correcciones. La primera es que la Agencia de Acceso a la Información Pública, luego de estar acéfala un buen tiempo, tiene como a Beatriz de Anchorena como su responsable desde marzo del año pasado, como me hizo notar Carlos March. Y la segunda es que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dictó 1095 sentencias, como dije en la charla, pero en el 2020, no en el 2021. Evidentemente me equivoqué al leer mis números y por eso en aquí indico la cifra correcta.

1. Entre la frustración y la motivación, otra perspectiva

La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas están sin duda entrelazadas. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), desde la sociedad civil, lucha sin duda por esas tres variables. En 2021 tuve la oportunidad de formarme en lo que es “Justicia Abierta”, un desprendimiento del concepto “Gobierno Abierto”, aplicado al Poder Judicial.

Fue una experiencia muy frustrante y a la vez, muy motivadora. Frustrante porque me di cuenta que en nuestra provincia estamos a años luz de muchos conceptos y motivadora porque dan ganas de hacer todo lo que hay por hacer. Como dijo un amigo de otras latitudes, “los envidio, tienen todo para hacer, para ser los primeros, mientras acá ya está todo el camino hecho”. En fin, me permitió ver la situación con otra perspectiva.

Quizás por eso, encaro la tarea ingrata de señalar que, en el medio del desierto informativo de Tucumán (una de las cinco provincias que todavía no cuentan con una ley de acceso a la información pública), existen ciertos oasis informativos sobre los que quiero llamar la atención.

2. ¿Qué son los oasis informativos?

Llamo así a recursos específicos de determinadas ramas del Estado que generan una gran cantidad de información que se encuentra accesible a todos, quizás en forma silenciosa, quizás sin darse cuenta, tal vez en forma inercial y burocrática. En realidad, a los fines prácticos, no importa muy mucho que la generación y el alcance de la información pública se produzca por inercia o cultura burocrática. No se me malentienda, se debe aspirar a largo plazo a hacer las cosas por convencimiento, con vocación, compromiso y demás, pero mientras tanto, si se obtienen los resultados, a pesar de su ausencia, a los que acceden a la información, en el corto plazo, los tiene sin cuidado.

La tarea de relevar arbitrariamente estos oasis puede parecer ingenua u optimista, pero advierto que no lo es. Por eso se impone una importante aclaración. Cuando a uno le mencionan la palabra “oasis”, automáticamente el cerebro le dispara imágenes cinematográficas con palmeras divinas y agua más cristalina que la que nos llega a nuestros hogares. Por supuesto, no estoy en su cerebro, pero apuesto a que cuando leyó la palabra “oasis” la representación gráfica que hizo su órgano no fue muy distinta a la que describí. ¿O no?

Sin embargo, los oasis sobre los que pasaré revista no son así, pues tienen sus triquiñuelas, limitaciones y trucos: el agua no será tan clara (es más, quizás esté un poco turbia) y las palmeras estarán un poquito chamuscadas, pero, como bien se dice, peor es nada.

3. El vaso medio lleno: preguntas, respuestas y números fáciles

Aunque no lo crean, la consulta de estos pequeños oasis informativos permite contestar varias preguntas sobre cinco actividades estatales elegidas arbitrariamente y simplificadas al efecto, como lo son legislar, juzgar, controlar, seleccionar y administrar.

Todos los datos y números que paso a exponer, ejemplificativamente, tienen en común pueden ser fácilmente extraídos por cualquier ciudadano a través de las páginas web de cada uno de los oasis. Lo que se dice, un vaso medio lleno.

Legislar

¿Cuántos proyectos de ley sobre acceso a la información pública se presentaron entre 2003 y 2022? 19 proyectos, de los cuales 3 correspondieron a legisladores del oficialismo gobernante. En la web de la Legislatura, desde 2003 a 2022 cualquier ciudadano puede consultar el trámite de cualquier proyecto de ley.

Juzgar

¿Cuántas sentencias dictó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2021? 1411 sentencias. ¿Y cuántas acordadas? 1936 acordadas. ¿Y de dónde salen estas cifras? En cuanto a la primera, salvo las penales y de familia, todas las sentencias del 2021 están disponibles en su protocolo digital, con vínculo a los expedientes digitales. Respecto de las acordadas, todas se encuentran disponibles, desde 2011, en la página web del Poder Judicial de Tucumán.

Controlar

¿Cuántos acuerdos para controlar el correcto uso de los fondos públicos dictó el Tribunal de Cuentas de la provincia en 2021? 5158 acuerdos. La cifra se construye porque el organismo tiene colgados todos sus acuerdos desde el 2000.

Seleccionar

¿Cuántas veces se reunió el Consejo Asesor de la Magistratura en 2021? 19. ¿Y cuántos acuerdos dictó? 94. Los números son construibles porque el órgano subió en su página web desde el comienzo de sus actividades todos sus acuerdos, sus resoluciones y las actas de cada una de las sesiones celebradas.

Administrar

¿Cuántos aportes financieros no reintegrables hizo el gobierno provincial a la Municipalidad de Concepción? Dos, por el monto de 65 millones de pesos. ¿Cómo se llegó a ese dato? Gracias a que el Boletín Oficial de Tucumán desde el 14/12/04 comparte en su edición digital leyes, decretos y resoluciones de distintos organismos.

4. El vaso medio vacío o los siete obstáculos en el acceso

Pasan los años, pero el iceberg se mantiene: solo vemos su punta, pero no todo lo que se esconde. Muchas preguntas siguen sin responder, que hacen a la cantidad de casos que entraron en cada juzgado para resolver, las sentencias pendientes, el tiempo que se usó para resolver, las demoras y su aceptabilidad. Algunas de esos aspectos intenté tratar en otro sitio, pero aplicados a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán durante 2021, no al resto de los tribunales.

La selectividad

La selectividad en la información puesta a disposición en cada uno de los oasis es otro obstáculo. Solo conocemos lo que nos dejan conocer, aquello que quien tiene la información decide dejarnos conocer. Por supuesto, peor es nada, pero, en un principio, no deberíamos lidiar con este obstáculo cuando se trata de información pública. Esta no debería recortarse, sino brindarse.

Puede parecer lejano en el tiempo, pero allá por el 2016 gran revuelo se armó cuando se descubrió que el decreto de designación del ex gobernador como asesor ad honorem del gobernador en ejercicio no había sido publicado en el Boletín Oficial (La Gaceta, 04/09/16). Finalmente se publicaría, con un año de atraso, pero no sería el único caso, pues se descubrirían varios más en igual situación (La Gaceta, 12/10/16).

Tanto penal como familia son, si se me permite afirmarlo en forma liviana, los fueros más sensibles del sistema. Sin embargo, recuerdo que sus sentencias son esquivas para el protocolo digital, pues no se encuentran disponibles para su consulta. Sobre este recorte en la selectividad de la información, he llamado la atención varias veces, sin éxito alguno. Quizás sea solo por un afán pequeño burgués o academicista amante de la seguridad jurídica en base a la extranjerizante doctrina del precedente, lo que me ha llevado a vincular el tema de la publicidad de las sentencias penales con la necesidad de aplicar y usar los precedentes en el nuevo sistema procesal penal adversarial en más de una oportunidad. Sin embargo, de ninguna manera puede caracterizarse la publicidad como de imposible aplicación práctica en razón del resguardo de la privacidad de las partes o, incluso, en el interés superior del niño. En efecto, el ejemplo de otras jurisdicciones es dar a conocer las sentencias con la anonimización de los datos personales y lo propuse como proyecto a la corte tucumana.

También dije que todas las acordadas de la corte tucumana se encuentran disponibles en su página web desde 2011. La fecha exacta es desde el 03/02/11. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué desde esa fecha y no otra? ¿Qué evento cual nacimiento del mesías de la cristiandad permite dividir el tiempo entre el secretismo y la publicidad de las acordadas? Si estamos al punto I de la Acordada 1235/13, el evento divisorio o fundacional (elija usted) fue la integración de la corte que así lo decidió. ¿Es que acaso la publicidad o la transparencia distinguen épocas por la mera integración cortesana? Pues a simple vista sí, aunque en cuanto a razones normativas, la selectividad aplicada carece argumentos serios (también a simple vista, por supuesto).

El contexto

Este es clave para entender la información pública y, en realidad, cualquier información. Usted seguro conoce el nombre de las facturas y las compra en la panadería del barrio: sacramentos, bolas de fraile, suspiros de monjas, vigilantes y cañoncitos. ¿Pero pensó por qué se llaman así? El contexto es clave y lo explica. Los primeros panaderos gremialistas eran anarquistas y le pusieron así con ironía a sus principales enemigos: la Iglesia (sacramentos, bolas de fraile y suspiros de monjas), la Policía (vigilantes) y el Ejército (cañoncitos), como lo cuenta el historiador Felipe Pigna.

Si lo piensa bien, la práctica de compartir números privados de contexto es usual. Por ejemplo, en la justicia, sé es muy afecto a decir “sacamos X sentencias”, mientras en la administración se dice “hicimos X obras”. La cantidad, así sola, desnuda, no nos dice mucho. En realidad, no nos dice casi nada. ¿Es un buen dato o un mal dato? Tendemos a caer en el sesgo del efecto ancla, como recordé en otra oportunidad. Cualquiera sea el número que sea X, confiamos en la información y nuestra primera reacción es creer que se ha trabajado fenomenalmente. Sin embargo, no debemos caer en la trampa cerebral, sino que hay que buscar el contexto de “X” con las preguntas correctas. Está bien, dictaron “X” sentencias o hicieron “X” obras, pero lo importante es saber cuántas sentencias u obras deberían haber hecho. ¿Cuántas tienen pendientes? Porque si tienen, el valor de “X” cambia, deberían haber dictado o hecho “Y” pero dictaron o hicieron solo “X”.

El formato de presentación

El formato en el cual se sube la información puede parecerle una cuestión menor y hasta pueril, pero no lo es. En efecto, no es lo mismo buscar alguna información en archivos con índices, en formatos abiertos, que permiten la búsqueda por palabra, que en archivos PDF sin indicación alguna. El trabajo se complejiza un poco (demasiado): hay que descargarlos y leerlos uno por uno (lo que claramente se vuelve un obstáculo cuando los documentos tienen muchas páginas). Un gobierno abierto debe aspirar a pasar de documentos subidos en PDF a formatos abiertos, amigables, que permitan que los ciudadanos puedan trabajar con los datos, compartirlos, usarlos, analizarlos, etc.

Uno de los oasis que tiene esta limitación es el Consejo Asesor de la Magistratura, pues si bien sube todos los acuerdos, resoluciones y actas de sesiones, lo hace en PDF, solo numerados por cada año: no hay índice ni formato amigable. Si quiere buscar algún dato, la tarea es, como reza el dicho, más difícil que encontrar una aguja en un pajar.

El protocolo de sentencias del Poder Judicial tucumano también tiene una limitación que puede parecer estética, pero es funcional: en el listado solo se indica el número de expediente, pero no el nombre del juicio. Por ende, uno debe abrir uno por uno para ver de qué se trata cada caso.

Las herramientas

Estas constituyen otra piedra con la que uno suele tropezar en la búsqueda de información pública y es de las mayores causantes de frustración. En efecto, la dificultad o deficiencia de las herramientas de búsqueda suele ser un incordio con el que se debe aprender a convivir. Uno sabe que la información efectivamente se encuentra ahí, al alcance de la mano, pero buscarla y encontrarla es todo un arte. Para encontrar hay que saber buscar y para esto, es indispensable saber manejar la herramienta, que suele tener cualquier tipo de triquiñuelas.

Si usted quiere leer el Boletín Oficial del día antes de las 10 de la mañana, no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque, en general, lo suben más o menos recién a esa hora, no antes, así que no lo intente. Si es madrugador, deberá aprender a esperar.

Ahora, si usted quiere buscar una acordada de la corte tucumana, no puede hacerlo con su número y año. Si lo intenta, nada obtendrá, pues debe indicar el número sin año. Eso sí, a continuación, deberá ir pasando de pantalla en pantalla hasta dar con la querida, puesto que el resultado arrojado serán todas las acordadas con el mismo número desde el 2011 hasta la fecha.

Por supuesto, el Boletín Oficial y la web de Acordadas de la corte son superiores al Consejo Asesor de la Magistratura, que directamente carece de herramientas de búsqueda alguna para bucear en los documentos de su profusa actividad.

¿Buscar una sentencia por el nombre de una de las partes en el protocolo de sentencias? Siga soñando lector, eso todavía es una quimera lejana que el Portal del SAE no se permite implementar. Las razones son una incógnita. ¿Una limitación técnica? Dudoso, pues las bondades del sistema son conocidas por todos, al igual que la habilidad de los desarrolladores. ¿Una omisión conveniente? No me animo a tanto, pues dejo al lector la responsabilidad de contestar el interrogante.

La legitimación

Suponga que ha esquivado todos los obstáculos hasta este momento. Probablemente deba solicitar información a uno de los órganos analizados. Hasta hace un tiempo atrás (quiero creer esta limitación temporal) le habrían cuestionado su legitimación. O, como se dice ¿qué saltás si no hay charquito?

Es que la legitimación es uno de los obstáculos clásicos en materia de acceso a la información. No sé si recuerda, pero en 2011 Juan Roberto Robles quiso saber cuánto costó hacer el edificio de la Legislatura. Una defensa del Estado fue que Robles no tenía legitimación para preguntar eso. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia de Tucumán desechó el argumento e impuso como doctrina legal que “El derecho al acceso a la información pública reconoce una base amplia en cuanto a su legitimación y no requiere la demostración de un interés particular afectado o la presencia efectiva de un daño”, como lo recuerda Federico Terraf. En definitiva, en un principio, la defensa de la legitimación no correría más, de acuerdo a la tajante doctrina.

El tema merece una pequeña digresión, pues alguien podría cuestionar si está bien que cualquier persona pudiese acceder a toda la información. Entiendo que sería un interrogante válido, pero para Finlandia, el país menos corrupto del mundo: su mayor escándalo reciente es la acusación a la jovencísima primera ministra Sanna Marin por los desayunos que compartió con su familia con fondos públicos (sí, así como lo lee). En el que también es el estado más transparente del globo, hoy se debate si es conveniente continuar con “el día nacional de los celos” según lo bautizó el New York Times, en el que todos saben cuánto cobran los demás.

Mientras tanto, en nuestro país, a pesar de una orden de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, la ANSES se negó a informar cuánto cobraban los ex presidentes y vicepresidentes o sus cónyuges. El actor, el Sr. Fernández, tuvo que litigar y conseguir sendas sentencias de primera y segunda instancia, como lo contaba Palabras del derecho. Como se ve, estamos lejos de las discusiones finlandesas.

El tiempo

El Estado muchas veces parece profesar un proverbio afgano adaptado al decir a los ciudadanos: “Ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo” y lo aplica con una dureza pocas veces vista a los pedidos de acceso a la información. Aclaro que no se sugiere que la dureza sea producto de un consabido plan diseñado con anterioridad y ejecutado con rigurosidad. Tal vez sea solo indolencia, dejadez o desidia. Encontrar las razones es, sin duda, harto difícil y merecedor de un sesudo estudio que, claramente, no estoy en condiciones de llevar a cabo.

El mismo caso “Robles” es el ejemplo perfecto, pues fue resuelto en forma definitiva recién el año pasado de manera definitiva. ¿De qué nos sirve saber cuánto costó el edificio de la legislatura 11 años después? Muchos ni se acuerdan. Encima el tribunal, insólitamente, rechazó la demanda por entender que el dato que afanosamente buscaba, ya había sido contestado con los informes producidos a lo largo de la causa. Si el lector quiere saciar su curiosidad, el edificio legislativo costó casi $ 125 millones de pesos o, si le gustan los números exactos, tan solo $ 124.803.879,31 (ciento veinticuatro millones ochocientos tres mil ochocientos setenta y nueve pesos con treinta y un centavos).

No desespere. Otro caso es aquel promovido en 2016 por el ex presidente del Colegio de Abogados, Eudoro Aráoz: un amparo por acceso a la información pública para conocer el destino de unos subsidios entregados en 2015. Al día de hoy el caso está para resolver desde mitad de 2021 en la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Recemos. Quizás en un par de años, antes de los once del caso “Robles”, se sepa el fin de los fondos públicos.

La sensibilidad

¡Ah la sensibilidad de los datos! Es también, sin duda alguna, el obstáculo de moda, traducido en la frase: “No, son datos sensibles”. Eso pasó cuando el profesor Luis Iriarte quiso acceder a la nómina completa de los empleados legislativos, temporarios, permanentes, de cada bloque y de cada legislador, con especificación de su documento de identidad y el monto mensual percibido por cada uno. La corte, cuando expiraba 2021, le dijo que no, porque entendía que, si se daba acceso, se revelaría la opinión política de los empleados, dato sensible protegido por la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, que requiere consentimiento personal (artículos 2 y 5).

Pero no todo es oscuridad, pues hay que ver el vaso medio lleno de este caso en particular, que deja la puerta abierta para volver a litigar y a obtener (aunque sea) algunos datos de los pedidos. La misma ley establece que es innecesario el consentimiento cuando se trata de listados con nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio (artículo 5 inciso 2, apartado “c” de la Ley 25.326). ¿Entonces? Pues con esto, se hace muy difícil que una nueva acción judicial que pida solo los datos de los empleados legislativos previstos por el artículo 5 inciso 2, apartado “c” de la Ley 25.326 o solo nombres y documentos sea rechazada. ¿Será?

5. Conclusión

Los oasis informativos tucumanos, con sus palmeras chamuscadas y su agua un poco turbia, pese a todo, siguen siendo oasis. Al mismo tiempo, posiblemente nos convenzan de la necesidad de una ley que garantice el acceso a la información pública.

Es un camino largo para recorrer y, nuevamente, está sembrado de obstáculos: conseguir mayorías legislativas, lograr que el ejecutivo no lo vete, lograr que el ejecutivo la publique (sí, hay leyes sancionadas, no vetadas, pero no publicadas), lograr que el ejecutivo no la deje sin reglamentar porque así la transforma en letra muerta, luego hay que conseguir que designe al encargado de hacerla cumplir (aunque parezca una nimiedad, no lo es, puesto que la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, estuvo 14 meses acéfala entre enero de 2021 y marzo de 2022) y que le provea presupuesto.

El horizonte puede parecer desolador por la tamaña tarea. Sin embargo, es preciso recordar que hoy nada impide que las prácticas se anticipen a la ley y se concedan los pedidos de acceso a la información pública. Reitero, nada impide que la práctica nazca antes que la norma. Aquellos que lideran instituciones públicas o privadas que reciban fondos públicos, pueden generar esa práctica, solo si siguen el consejo de Mahatma Gandhi de ser el cambio que quieran ver en el mundo.