¿A dónde va la locomotora?

Esa es la pregunta que me hago. La locomotora es el Ministerio Público Fiscal (MPF) del nuevo sistema procesal penal en Tucumán que, esperemos termine con juicio por jurados en un futuro cercano, como en otras provincias.

Hace más de un año me hice esa pregunta en el diario y creo que todavía tiene absoluta vigencia. Si no pueden acceder al diario, les dejo el texo original aquí.

¿Por qué locomotora? Porque eso es lo que me dijo alguien alguna vez. En el nuevo sistema, el MPF tiene un papel central, puesto que deja de lado el principio de legalidad y pasa al principio de oportunidad, al ejercer la acción penal.

Hablando en criollo, ya no «hace como que persigue todo» (sin perseguir nada) sino que (debería, al menos) «perseguir usando de forma eficiente los recursos» al enfrentar los delitos.

Ahora, para hacer su trabajo, el MPF debe tener criterios que debe informar en un marco de transparencia, lo que también justifica compartir los resultados de su gestión. Sería algo así como «estos son mis criterios para hacer el trabajo que dio como resultado esto».

¿Cuántos casos ingresaron? ¿Cuántos fueron a juicio oral? ¿Cuántos fueron objeto de suspensión de juicio a prueba? ¿Cuántos se conciliaron o mediaron? Preguntas de ese estilo, sin duda deberían estar en un informe de gestión que se precie de tal.

La transparencia es necesaria, pero no suficiente. El legislador también exige eficiencia. De nada sirve la reforma normativa, los cambios de etiquetas, los refuerzos presupuestarios, el desarrollo de infraestructura y la mar en coche, si el sistema tira a la basura la mayoría de los casos.

No sirve saber solo cuántos casos entran y cuántos salen, sino cómo salen. ¿Qué significa que terminen en la basura? Simplificando, que no terminen en el archivo. En el sistema anterior, según estimaba Binder, el 80% de las causas terminaban así.

¿De los casos que se decidió llevar a juicio cuántos fueron exitosos? ¿En qué medida lo fueron según la pena pedida y obtenida? ¿De los casos conciliados cuántos se cumplieron? ¿De los casos con suspensión de juicio a prueba en cuántos se terminaron cumpliendo las reglas?

¿De los acuerdos reparatorios cuántos fueron implementados realmente? ¿Qué retroalimentación se tiene de las víctimas ante la respuesta que se le dio a su caso desde el MPF? ¿Están satisfechas con la atención, la orientación y la respuesta recibidas?

Esas preguntas deberían poder contestarse al analizar los resultados de la gestión del MPF. Sí, la vara está altísima. Eficacia no es eficiencia. No solo hay que lograr resultados, sino con el mínimo de los recursos o en el menor tiempo posible.

Si vemos la web del MPF, es difícil hablar de transparencia y por ende, evaluar el cumplimiento de la eficacia en el desierto informativo, luce complicado.

Según los datos a los que accedió INECIP en su momento, en un centro judicial la tasa de archivo no ha cambiado mucho y el sistema habrá mejorado, a grandes rasgos, un 8%, luego de todos los cambios normativos, organizacionales y de estructura.

A pesar de la escasez de los datos, me parece válida la pregunta sobre a dónde va la locomotora. O como digo en el texto, a esta altura, también podríamos preguntarnos si va.

¿La vigencia de la pregunta? Es avalada por el informe del INECIP de junio de este año sobre la eficacia de los ministerios públicos de todo el país, en donde, lamentablemente, Tucumán está ausente.

Seguro que alguien como María Piqué me puede cruzar con patada al pecho si me equivoco en algo (después de todo no es mi área, estoy siendo hereje), pero bueno, de eso se trata, de aprender de otros, con los datos de por medio, siempre.

Sí, esto fue un hilo el 22/05/22.