Las ferias en general son aburridas, así que no hay mejor cosa que recordar cosas más divertidas, como el próximo aniversario de la Ley 9.683 que dentro de unos días cumplirá un año de su publicación en el Boletín Oficial.
Por supuesto que la entrada no trata sobre Lola Mora, gran escultora tucumana (por mucho que la quieran hacer pasar por salteña) sino de algo más pedestre, pero que sufren en demasía todos los litigantes: la mora judicial en la comarca tucumana. ¿Cómo atacarla? ¿Hay con qué? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Existen?
Las cosas que nos pasan a veces son tan vertiginosas que nos olvidamos, como, por ejemplo, con el requisito de carecer de adicción a drogas ilegales para permanecer en la función pública, merced a la Ley 8.850 de 2016.
La pregunta es válida y tentadoramente podemos decir que sí. Sin embargo, las cosas son un poco más complejas (al menos en Tucumán). En efecto, hay varias situaciones en donde la defensa pública interviene por personas que no son pobres. ¿Las repasamos?
En alguna clase que tuve con Alberto Binder, nos tiró un concepto que a todos nos hizo estallar en carcajadas, no por lo gracioso, sino porque la alternativa era llorar. “La justicia civil es el tren fantasma”. La entrada trata de un caso que lo ilustra, con plazo razonable incluido.
Agustín Eugenio Acuña 