La Constitución de Tucumán tiene un curioso artículo que le encarga la competencia originaria de todas las cuestiones de la Provincia a la Corte Suprema de Justicia local cuando se trate de “persona civil” y “propiedad y obligaciones contraídas”. Es el 20.
Esta entrada trata de algo sobre lo cual “caí” hace poco tiempo: el recambio generacional en tribunales a nivel funcionarios y empleados junto al tapón en jueces, fiscales y defensores.
¿Cuántos legisladores son necesarios para dar el acuerdo a los nombramientos judiciales? ¿Siempre fue así en la Constitución de Tucumán? ¿Por qué se cambió? ¿Y si volvemos a la vieja exigencia? Todo eso en la entrada.
En defensa de la aparentemente absurda pregunta, debo decir que la inquietud se sembró hace más de doce años con la lectura de un interesante artículo. ¿Se prenden?
La Constitución de Tucumán tiene varias particularidades y en esta entrada me concentro en una, que quizás, con un poco de imaginación y buena voluntad pueda ser fuente de pleitos, unido a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y al fallo “Etcheverry”.
Agustín Eugenio Acuña 