Decimoquinta entrada que dedico a un caso de mi paso por el Equipo Operativo de Ejecución (2019-2021). Este caso lo llevé a la corte por dos cuestiones tan disímiles como la prohibición de acceder al avance en la progresividad de la pena y las costas de un recurso con querellante del otro lado.
La pandemia se extendió, como todos saben y mi idilio con la lectura jurídica se vio beneficiado de alguna manera también. Sale nuevo repaso (a destiempo) sobre algunos libros más de derecho.
Luego de que la magistratura festejara su día, en la entrada analizo a la corte tucumana en relación con la morosidad en el dictado de las sentencias, que es, si mal no recuerdo, su principal función.
No solo de lo cuantitativo vive el Poder Judicial, sino también de lo cualitativo ¿O no? ¿Es posible medir la calidad? ¿En las cámaras? ¿Cómo? Algo de eso pero del 2021, toco en esta entrada.
Tucumán, una de las pocas provincias sin ley de acceso a la información pública, a simple vista dista de ser un oasis en la materia. ¿Es así en todas las instituciones? ¿No hay excepciones? Aquí, un recorrido que pretende ser (un poco) esperanzador.
Agustín Eugenio Acuña 