Decimoctava entrada que dedico a un caso de mi paso por el Equipo Operativo de Ejecución (2019-2021). Este caso “costó un Perú” como se dice, pero finalmente tuvo una resolución favorable.
El protagonista de este caso es el Sr. C., condenado por abuso sexual en grado de tentativa y reincidente por segunda vez, pues tenía un par de condenas previas por el mismo delito. La famosa “Ley Petri”, la Ley 27.375 que modificó el Código Penal y la Ley 24.660 le impedía acceder a la progresividad de la pena (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, etc.). Una situación recurrente que me tocaba ver con algunos clientes. Como ya iba tomándole la mano, hice el planteo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad correspondiente y la jueza de ejecución rechazó el planteo, bancando a la norma. De paso, me llamó la atención porque aparentemente era mi costumbre pedir audiencias para un fin distinto al que terminaban teniendo.
Recuerdo que le dediqué mucho tiempo al recurso en este caso. Y por una cuestión u otra, la audiencia se postergó mucho tiempo en el Tribunal de Impugnación. Al filo del año, el 29/12/20, el tribunal me dio la razón. ¿El fundamento? Pues que la jueza había omitido resolver el planteo que había hecho: la ley 27.375 no era aplicable territorialmente y si entendía que, si lo era, recién abordar su constitucionalidad o convencionalidad. Nada de eso había hecho la jueza.
Ya en el reenvío intervino otra jueza y el 26/02/21, previa audiencia, declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del “art. 56 bis de la ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad por violentar los principios de igualdad, proporcionalidad, humanidad y la finalidad resocializadora de la pena (arts. 16, 18, 28, 31, 75 inc. 22 de la C.N.)”.
Costó, pero se ganó la batalla: el Sr. C. ya no tenía obstáculos legales para tramitar cualquier avance en la progresividad de su pena. Esa sería otra batalla.
Agustín Eugenio Acuña 