No sé si lo hago por algún algoritmo medio loco o simplemente por la sana envidia del sistema acusatorio que rige en lo penal, pero leí este libro, que dirigieron Mauro Lopardo y Nicolás J. Ossola sobre las prácticas de la defensa en el proceso penal federal. ¿Lo vemos?
¿Por qué leer este libro si uno no se dedica a lo penal? ¿Por qué leer este libro si uno ni siquiera ejerce en el fuero federal? ¿Por qué leer este libro si uno, aunque hiciese esas dos cosas, todavía ejerce en el viejo sistema inquisitivo reformado o mixto? Quiero creer que hay varias razones.
En primer lugar, si uno no ejerce en lo penal, puede leerlo solo por curiosidad o para salir de la zona de confort. Nunca es bueno estar cómodo. Leer sobre temas o áreas diferentes a las que uno está acostumbrado a trabajar siempre es bueno para sacudir la modorra intelectual.
En segundo lugar, por más que usted no ejerza en el fuero federal, su lectura lo enriquecerá. No solo porque podrá ver, con perspectiva, los obstáculos en la implementación de la reforma, sino también las estrategias desarrolladas para superarlas.
En tercer lugar, si todavía ejerce, con comodidad o resignación en el viejo sistema, este libro es un adelanto a lo que se le vendrá. Es un lindo anticipo de las cosas con las que tendrá que lidiar.
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Más allá de esas razones, me gustó leer este libro por dos razones puntuales. La primera es que es un libro escrito por defensores, por personas que están en la trinchera, que lidian con casos, que los litigan, que asesoran, que defienden, que se frustran, que recurren, que ganan y que pierden. Ese punto de vista, por lo menos desde mi función, no es, lamentablemente, siempre bien desarrollado en los libros jurídicos. No sé si por una falencia de la academia o de la misma defensa, pero sin dudas que el libro intenta, con mucho éxito, debo decir, llenar esa laguna.
La segunda razón consiste en su eminente practicidad. No por nada se subtitula “prácticas comentadas”. Nada de abstraccionismos ni mareos conceptuales se encuentra acá. El caso, la estrategia, su desarrollo, la práctica y el resultado. Directo y al punto. Con reflexión, bien escrito, sin vueltas, con claridad y estricta relación con la indispensable teoría. ¿Quiere un poco más? Se deja inclusive los links vía códigos QR para que pueda observar las audiencias correspondientes.
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¿Estructura? Nueve capítulos y una opinión especializada. Esta última se hace cargo de un tema que implica un rotundo cambio de rol desde el punto de vista práctico en el nuevo sistema: ¿qué tiene que hacer ahora un Defensor Público de Menores e Incapaces? De eso se encarga Rodolfo Martínez, con sinceridad, marcando viejas prácticas de amor al dictamen escrito, que se deberían ir para no volver.
¿Y los capítulos? Están organizados de manera cronológica según las etapas del proceso. Así, Guillermo Miguel Garone se encarga del control de la defensa durante la investigación desde el principio. Celia G. Delgado es bien puntual sobre un tema que, me animo a decir, en Tucumán no ha traído mayores problemas: el acceso de la defensa al legajo fiscal. ¿Desde cuánto puede pedirlo? ¿Se lo dan? ¿Se lo pueden negar?
Si avanzamos, llegamos a la audiencia de formalización, de la cual se encargan O. Abdón Bittar y Sabrina Mañas. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se puede hacer? ¿Es diferente si no hay medida de coerción? ¿Y si llegamos con la persona privada de su libertad? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tenemos que hacer antes de la audiencia? Como se ve, preguntas bien prácticas.
Claudia Ibáñez toca un tema bien específico: ¿puede fijarse una medida de coerción sin que se haya formalizado la investigación? Anticipo que la respuesta de la autora es que no y la comparto plenamente.
María Orfelina Bichara y María Jimena Sendra se encargan de un tema que es notoriamente sufrido por las defensas, la litigación de las medidas de coerción. Las autoras, en pocas páginas desarrollan todo un esquema de trabajo con explicación de casos prácticos que permite ver el salto de lo teórico (mérito sustantivo, peligro real y concreto, proporcionalidad) a lo real.
¿Hay alguna posibilidad de impugnar una decisión previa al juicio? Esa es la pregunta que querrá contestar en su capítulo Carmen. E. Castro, las posibles excepciones a la taxatividad de las impugnaciones.
Ya en la audiencia del control de acusación, Alejo Amuchástegui se pregunta sobre los planteos preliminares que puede hacer la defensa y cómo gestionarlos, ya sea un procedimiento abreviado o el pedido de sobreseimiento.
El capítulo que Ana Clarisa Galán dedica al contraexamen y a cómo usar las declaraciones previas debidamente registradas es fundamental. No solo porque evidencia lo lejos que estamos todavía en la práctica de hacer carne el principio de contradicción, sino porque pone sobre el tapete malas prácticas del MPF, que obstaculizan el ejercicio del derecho de defensa. Y, por si fuera poco, asusta el desconocimiento por parte de los jueces sobre el uso de las partes de las declaraciones previas para evidenciar contradicciones.
Como ejercí en ejecución, el capítulo de Guillermo Todarello sobre el litigio de la pena ante la Cámara Federal de Casación Penal me pareció fantástico. Es, para los que no ubican el área, el recordatorio de algo esencial: con la pena no se termina nada, sino que empieza todo, pues se abre un amplio campo para el litigio.
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En definitiva, un libro práctico y concreto, escrito por defensores para defensores. Un libro que comparte experiencia, hace autocrítica e invita a reflexionar sobre una tarea apasionante, como lo es el ejercicio del derecho de defensa.
Agustín Eugenio Acuña 