De vez en cuando hay un poco de cordura en los fallos de nuestros tribunales, aunque no importen muchos los medios por los que se logra.
A veces, solo a veces, encontramos en los tribunales un poco de cordura ante situaciones ciertamente absurdas. Y mucho no nos importa (o al menos, no debería) los medios con los cuales conseguimos esos resultados (doy por hecho que son de acuerdo a la ley y a la ética profesional, of course).
Así, un caso ciertamente absurdo tuve en mi segundo año como defensor. Mis clientes son del interior del interior. No les es fácil trasladarse por cuestiones lógicas de tiempo y dinero. Así, había una señora a la que le venían renovando la autorización para cobrar los alimentos de su hija cada 6 meses. Eso en la práctica implicaba un viaje mensual desde La Cocha hasta Concepción para cobrar. Un espanto. Agarré el caso y pedí la autorización definitiva para que tramitase la tarjeta de débito y la respuesta fue algo: “tiene autorización vigente, no joda”.
Planteé el recurso de revocatoria con apelación en subsidio pues entendía que respecto al último argumento podía sortearse con un “se la entrego, pero devuélvame la que tiene ahora”.
Y ahí el juez hizo algo que es maravilloso (una mala práctica judicial por supuesto, pero de las favoritas): me dijo que no con otro argumento: el cumplimiento de las Leyes 5.480 y 6.059 sobre honorarios y aportes previsionales, que debía hacer el abogado del demandado.
Evidentemente el absurdo del caso ayudó, pues la cámara salió con una maniobra de zigzag, al declarar la nulidad de oficio y ordenar la autorización definitiva para que la pobre mujer no gastase en tiempo y dinero cada vez que quería cobrar. Sí, por supuesto que ordenó que se librasen los oficios al Colegio y a la Caja de Abogados para poner en conocimiento el incumplimiento, con fundamento en jurisprudencia de la corte tucumana. Ah, sí, tomó mi sugerencia sobre devolver el oficio con la autorización vigente, en lo que fue un guiño a mi planteo.
Agustín Eugenio Acuña 