¿Puede una legislatura provincial disponer la creación de una Unidad Fiscal (ex Fiscalía, pero nos hacemos los modernos) para investigar determinados delitos? Ponéle, ¿una Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos?
La Legislatura de Tucumán entendió que sí y a fines de 2021 sancionó la Ley 9.486, con lo que creó la Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (MPF).
El Poder Ejecutivo tampoco vio problema alguno. La promulgó el 17 de enero de 2022.
El que sí vio problemas fue el MPF, que presuroso planteó la inconstitucionalidad de semejante norma ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Ah y de paso, pidió que se suspenda cautelarmente su aplicación.
¿Argumentos? a) es una intromisión indebida en las facultades y atribuciones privativas del MPF; b) la especialidad de las unidades fiscales es una cuestión de política criminal y persecución penal privativa del MPF; c) la violación de la independencia y autonomía del MPF; d) la irrazonabilidad de la norma y e) la falta de contemplación de aspectos presupuestarios, lo que vulnera la independencia del MPF.
El proceso empezó en marzo de 2022 y recién el 17/11/22 la corte tucumana resolvió la cautelar, a favor del MPF, pero en un fallo dividido. Los jueces Posse y Sbdar en minoría. Sus colegas Leiva, Estofán y Masaguer (integró el tribunal) formaron la mayoría.
La disidencia dice «che, no me demostraste cómo esta ley va a impedirte ejercer tus competencias propias» y rechaza la cautelar.
La mayoría ve el peligro de la demora en una serie de normas sin decir ton ni son y el peligro en la demora en que esa no nata Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos podría causar un perjuicio irreparable para la Provincia y todo el fuero penal (faltó poner en riesgo al país, me parece).
En fin, los especialistas podrían poner un poco de claridad a la pregunta. ¿El legislativo puede meter mano en la organización del MPF o no? ¿Es tan importante el MPF para tener «coronita» y que no lo puedan tocar? ¿O no? ¿Y qué hacen los legisladores entonces?
Para los curiosos, acá está la sentencia de la corte tucumana que suspendió la aplicación de la ley. Eso sí, el proceso continuó y hasta el 24/10/23 se encontraba para resolver desde el 16/02/23.
En el medio, la Legislatura tucumana derogó la ley del conflicto mediante el artículo 3 de la Ley 9718, publicada en el Boletín Oficial el 24/10/23 (La Gaceta, 19/09/23) y el MPF creó la Unidad Fiscal especializada en Cibercriminalidad (La Gaceta, 17/09/23).
Sí, esto fue un hilo el 27/11/22 que, en parte, también se replicó en esta columna.
Agustín Eugenio Acuña 