¿Es cierto, como dice Julián Lencina acá que cada vez que le dicen «doctor» a un recién recibido de abogado mueren 3 becarios del CONICET? Ese es el puntapié de la entrada para analizar el uso del término “doctor” a todos los colegas abogados.
Digresión terminológica básica: cuando nos referimos a “doctor” queremos decir que es aquel que hizo un doctorado, que implica cursos (años de sufrimiento), redacción de tesis (más años de más sufrimiento), defensa pública (más sufrimiento) y diploma (sonrisas).
Ojo, el tema es también extensible a los procuradores, cuya Federación Argentina de Colegios de Procuradores sacó una resolución sobre el tratamiento protocolar de “DOCTOR” aclarando que no tiene nada que ver con título o distinción académica alguna.
La respuesta obvia a la pregunta inicial es que no es cierto, porque la evidencia empírica lo demuestra: a esta altura ya no tendríamos becarios del CONICET vivos, dado que decir “doctor” a los abogados es un hábito diario.
¿Che pero de dónde viene ese hábito? ¿Hay fundamento normativo alguno para semejante conducta? ¿O solo se basa en la fantástica ley no escrita del “siempre se hizo así” que rige los avatares tribunalicios disfrazada de argumentaciones, razonamientos y su majestad la ponderación?
Advertencia: nótese que no se abre juicio de valor sobre el hábito que se describe. A algunos les parece indiferente, les da lo mismo, o les importa un comino, pues arguyen que hay cosas más importantes de qué ocuparse.
Para otros, como Daniel González Stier que dijo algo por acá, la cosa pasa por los aires de grandeza de un sistema, como el de tribunales, mediocre, pero es entendible justamente por eso. Ja.
Retomo. “No seas bruto, el tratamiento de doctor viene de una vieja Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es más, es la 65/57. Cualquiera sabe eso, es obvio, además no es título académico, sino un trato protocolar”.
Eso me podrían decir y sin embargo, estarían equivocados, por crédulos. Esa acordada no existe. Todo nació de un cruel experimento que se salió de la mano en un curso de argumentación. Un alumno presentó la dichosa acordada, con argumentos que atribuyó al procurador general Sebastián Soler y lo que empezó como una broma/experimento se independizó del autor, y ¡zas! se esparció como reguero de pólvora. La realidad es que no hay norma positiva alguna que imponga el trato protocolar de doctores a los abogados.
La fuente del mito de la supuesta acordada en donde se cuenta la anécdota maravillosa es este artículo de Ricardo Guibourg.
El tema, con anécdota incluida de cómo el economista Alfredo Concepción se hizo llamar doctor en el gobierno de Illia y de otros profesionales universitarios que también lo hacen, está más desarrollado en este artículo de Nicolás Manterola.
Sí, esto fue un hilo el 10/03/24.
Agustín Eugenio Acuña 