La Constitución de Tucumán tiene varias particularidades y en esta entrada me concentro en una, que quizás, con un poco de imaginación y buena voluntad pueda ser fuente de pleitos, unido a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y al fallo “Etcheverry”.
Empiezo por el principio. El artículo 179 de la LCT desde 1976 establecía algo que el Poder Ejecutivo Nacional debía hacer y nunca hizo (durante muchísimo tiempo): reglamentar a partir de qué número mínimo deben habilitarse salas maternales y guarderías.
Obviamente, el PEN estaba ocupado haciendo otras cosas más importantes y jamás reglamentó ese artículo. El tiempo, inexorable, pasó y la reglamentación siguió ausente. Nada pasó.
He aquí que Juan Bautista Etcheverry, Ximena Liggerini y la ONG “Centro Latinoamericano de Derechos Humanos” iniciaron un amparo en contra del PEN por su remolona actitud a reglamentar el artículo.
Insólitamente, les fue bien y el Poder Judicial, con confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21/10/21, terminó ordenando al PEN subsane esa omisión en un plazo razonable.
Eso felizmente ocurrió con el Decreto 144/22 del 22/03/22, publicado en el Boletín Oficial del 23/03/22, que reglamentó el famoso artículo.
¿Y Tucumán? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde está la relación? ¿De qué hablás? Paciencia, acá se viene la relación con Tucumán…
La Constitución de Tucumán en el inciso 8 de su artículo 40 prevé que la Provincia debe adecuar razonablemente la situación de los empleados públicos para que tenga los mismos beneficios de los que trabajan en la actividad privada.
La disposición es curiosa porque ¿prejuiciosamente quizás?, uno da por sentado que la situación es a la inversa: los empleados públicos tienen más beneficios que los privados, pero bueno, es lo que hay. Arréglenselas con el constituyente.
Antes que nada, de la propia normativa del empleo público (y de la realidad hasta donde conozco), no existe el derecho a guarderías o salas maternales para los empleados públicos provinciales.
¿Entonces? ¿Tiene la Provincia la obligación de adecuar su normativa a la LCT en este punto? ¿Tienen los empleados públicos la posibilidad de accionar por este tema? ¿O es más fácil que los sindicatos lo negocien colectivamente? Vaya uno a saber…
Sí, esto fue un hilo el 02/07/23.
Agustín Eugenio Acuña 