Estos temas, en general no le interesan a nadie y, además, parecen estar destinados al cajón de los que son tabú, malas palabras o directamente prohibidos.
Como me gusta la historia, recopilé una serie de antecedentes sobre casos en los que se concedieron indultos o conmutaciones de penas en Argentina y (obvio) en Tucumán. Si quieren leer el trabajo, acá está el link, pero no es sobre lo que trata esta entrada, que es un poco más modesta, pues quiere recordar momentos históricos que se entrelazan y cuya vinculación no tenía registrada en mi memoria.
Vamos a 1999. Más de diez años después de los hechos sucedidos en el copamiento de La Tablada, los condenados continuaban con planteos sobre el caso (y con huelga de hambre, también).
En el informe 55/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se le recomienda al Estado argentino para que garantice el derecho de apelación de los procesados por la Ley 23.077.
El gobierno de Fernando De la Rúa, en un principio, se presentó en el proceso con el Procurador del Tesoro. Su recurso fue rechazado por la cámara. Se le denegó el recurso extraordinario federal. Fue en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 21 de diciembre de 2000 rechazó también el planteo.
Ese día, un año antes de la famosa crisis de 2001, De la Rúa asistió al programa de Marcelo Tinelli, Videomatch, donde alguien del público alcanzó a tomarle la solapa y reclamarle por los presos de la Tablada. En la visita, como se ve en el video, el presidente recuerda el fallo de la corte y dice estar preocupado por la situación de los presos. Sin embargo, no tenía muchas opciones luego del rechazo del tribunal menemista.
¿Qué hacer ante eso? ¿Esperar la condena internacional de la Corte Interamercana de Derechos Humanos (Corte IDH)? En lo interno, lo que se avizoraba era la conmutación de penas. La Nación el 23/12/00 negaba esa posibilidad. Sin embargo, tan solo cuatro días después, Página 12 ya anticipaba que sí se iban a conmutar las penas. Finalmente eso hizo De la Rúa, el 28/12/00 a través del Decreto 1263/00. Lo interesante es que hizo firmar a todo el gabinete, no solo al ministro de justicia, su hermano, Jorge De la Rúa. Incluso terminarían firmando Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy y Chrystian Colombo, que se resistían a la medida, aunque eso cerrase el conflicto internacional abierto en la CIDH. Una «compartida de la responsabilidad» a la fuerza, digamos, je.
En esto el gobierno radical no innovó. La conmutación de penas ya la había usado Menem (sí, Menem lo hizo) para cerrar el caso de Guillermo Maqueda, también por La Tablada, unos años antes, por el Decreto 1680/94. Con eso, Maqueda salió en libertad condicional y la CIDH desistió del caso ante la Argentina en el sistema interamericano, que se cerró con la sentencia de la Corte IDH el 17/01/95.
El instituto sirvió en estos dos casos abiertos en el sistema interamericano que comprometían al Estado argentino. ¿Podemos poner en duda su aparente maldad y mala prensa? Ese fue mi intento.
Sí, esto fue un hilo el 17/07/22.
Agustín Eugenio Acuña 